Líder de Ciudadanos Unidos en Huauchinango asegura que la paraestatal aplicó cantidades estratosféricas por el servicio de luz
Fuente: 24Horas Puebla/ Mario Galeana
La extinción de Luz y Fuerza del Centro, llevada a cabo en el año 2009, sumió al municipio de Huauchinango y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un conflicto a oscuras que detonó a principios de este año.
El 98% de los habitantes de aquel municipio enclavado en la Sierra Norte de Puebla se mantiene en el “limbo jurídico”, es decir, sin ningún tipo de contrato con la CFE; sin embargo, la empresa reclama un adeudo de por lo menos 470 millones de pesos.
La paraestatal ha realizado, como medida de presión, esporádicos apagones en la ciudad mientras que los habitantes, conformados en un incipiente frente de resistencia denominado Ciudadanos Unidos, han efectuado bloqueos carreteros intermitentes sobre la autopista México-Tuxpan.
Se ha establecido una mesa de negociación entre el presidente del municipio, Gabriel Alvarado Lorenzo, y representantes de la CFE, pero –de antemano– Ciudadanos Unidos ha rechazado cualquier acuerdo que derive entre ambas partes.
“El presidente municipal no tiene la representación de la ciudadanía, pues no ha respaldado al movimiento ciudadano en estos siete meses de apagones que ha efectuado la CFE. Entonces, ha perdido cualquier legitimidad de representación”, apuntó en entrevista con 24 Horas Puebla Jorge Luis Fuentes Carranza, integrante de Ciudadanos Unidos.
El conflicto entre la parestatal y la población surgió hace siete años, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que vio en los tres municipios a los que dotaba del servicio –Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo– un asidero de resistencia ante la medida del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
El SME, narra Fuentes Carranza, mantuvo retenes en la zona de Huauchinango e impidió la instalación total de la CFE.
“Nunca instalaron oficinas ni medidores en hogares o negocios; nunca establecieron un solo contrato de pago on los habitantes. El servicio de luz siguió otorgándose, con irregularidades y sin un suministro regular. Y cuando la gente, desconcertada, quería acudir a la oficina de CFE más cercana, ubicada en Tulancingo, se les decía que eran de la ‘zona roja o de resistencia’, así que no había forma de cobrar ni pagar”, detalló el integrante del frente ciudadano.
Este año la paraestatal inició una embestida contra la población con cortes de luz que duraban, a lo sumo, una hora. Pero en meses recientes, la suspensión del servicio se ha prolongado por cuatro horas, lo que ha derivado en pérdidas de hasta 570 millones de pesos para empresarios y comerciantes locales, según Ciudadanos Unidos.
La CFE reclama un pago de 470 millones de pesos, que en días pasados ha reducido a poco más de 300 millones de pesos.
“De pronto la CFE quiso cobrar cantidades estratosféricas calculadas desde la oficina, sin tener mediciones reales. Son cálculos erróneos: una persona con dos focos de luz adeuda, según la empresa, más de 27 mil pesos. Hay negocios a los que les quieren cobrar millones de pesos más”, reclama Fuentes Carranza.
De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno (SGG) del Estado, la CFE y el Ayuntamiento acordaron suspender los apagones y los cortes de energía.
Sin embargo, integrantes de Ciudadanos Unidos advirtieron que el conflicto no se solucionará hasta que la CFE decida “borrar” los adeudos que ha calculado. Además, la población pide una “tarifa social”, la correcta instalación de infraestructura de la paraestatal y el retiro de denuncias que, según versiones periodísticas, la CFE alista contra los líderes del movimiento.
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Last modified: 8 julio, 2016